La educación: Un derecho inherente a la persona humana

Por: Omar Serrano
Redactor / El Reportero

Por naturaleza los individuos sienten la necesidad de conocer el mundo que les rodea y a partir de allí, nace la ansiedad de conocimiento como forma de liberarse de la ignorancia acerca de de la realidad natural o social en la que se desenvuelve, es decir, por naturaleza siente la necesidad de conocer y explicar el mundo que le rodea para poder enfrentarlo.
A partir de lo anterior y para darle respaldo jurídico que garantice el derecho a la educación de todo ciudadano y ciudadana, los Estados establecen en sus respectivas constituciones la responsabilidad de garantizar dicho derecho a sus gobernados, he aquí, que ese derecho natural adquiere un carácter jurídico.
En la Constitución de la Republica de El Salvador (Art. 53 ) se establece que es obligación del Estado “conservar, fomentar y difundir” la educación. Sin embargo, al analizar la realidad del sistema educativo público del país, nos damos cuenta que la realidad es otra, ejemplo: la realidad a la que se enfrentan muchos bachilleres cuando quieren cursar sus estudios superiores.
El año 2010 se graduaron alrededor de 75 mil bachilleres, pero la UES, única universidad pública en el país, solo pudo absorber a 9 mil 500 estudiantes de los 26 mil 500 que realizaron el examen de admisión, quedando excluidos del derecho a la educación 17 mil jóvenes.
La interrogante debe ser ¿Por qué la UES no tiene capacidad de cubrir esa demanda?
La respuesta tiene que ver con un problema estructural: la falta de presupuesto y, por tanto, requiere de una solución estructural, es decir, el Estado debe otorgar un presupuesto justo de acuerdo a las necesidades del alma mater (Art. 61 de la Constitución). Sin embargo, el principal argumento, tanto de autoridades universitarias como estatales es que el gobierno, no posee recursos para financiar un mayor presupuesto.
Ante lo anterior se pueden mencionar algunas medidas justas que le generen mayores ingresos al Estado, entre ellas, que los empresarios que acumulan grandes riquezas paguen  más impuestos, que el Estado aplique la ley a los empresarios que evaden los impuestos que rondan los $1,600 millones anuales. Con esto el gobierno tendría mayor capacidad de aumentar el presupuesto para la UES y financiar otros proyectos sociales como la salud, vivienda, etc.
Es importante recalcar que la educación es un derecho universal, pero en esta sociedad dividida en clases, donde existen ricos y pobres, ese derecho se convierte en un privilegio para aquellos que pueden pagar universidades privadas, alimentando así, el carácter mercantil de una educación casi privatizada en su totalidad, si no existiera la UES. Es por ello que se debe priorizar en los aspirantes de las familias más pobres del país.